El texto subraya que, a pesar de este avance, el principal desafío reside en la constante criminalización de la protesta por parte del Estado, especialmente durante eventos críticos como el Paro Nacional de 2019. La jurisprudencia de la Corte Constitucional busca establecer límites claros, diferenciando la resistencia legítima (protegida y proporcional) de los actos vandálicos, exigiendo al Estado una justificación estricta para cualquier restricción. En última instancia, el derecho a la resistencia se configura como un límite democrático al poder y una vía para demandar la efectivización de nuevos derechos, obligando al sistema a una "tolerancia institucional reforzada" frente al disenso.